Miles de clientes asfixiados por la Covid piden árnica a Botín por sus créditos

La información   24/02/2021 05:42

El impacto de la Covid adquiere en la sociedad española proporciones brutales… tanto en los balances de las empresas como en las economías domésticas. Al punto que entidades de la enjundia del Banco Santander se han visto obligadas a asumir importantes moratorias en los créditos a instancias de clientes y sociedades al límite de sus fuerzas. En concreto y a cierre de 2020, la entidad otorgó aplazamientos de pago a 248.336 clientes en España, por un importe total de 9.438 millones de euros, según admite la propia firma en el informe anual remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grueso de esas prórrogas -hasta 7.828 millones- afectó al pago de hipotecas, la mayor carga que tradicionalmente asumen las familias con las entidades financieras.

En el dossier enviado al organismo que preside Rodrigo Buenaventura, la entidad que preside Ana Botín explica que, en función de las medidas gubernamentales, el banco asumió moratorias sobre hipotecas de hasta 12 meses -algunas reextendidas en el último trimestre del año- y que incluso en la cartera de consumo se asumió un aplazamiento de seis meses. No en vano y según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz más allá de la cifra de parados, unos 700.000 trabajadores se encuentran embalsados en ERTE, al tiempo que buen número de empresas al borde del abismo se preparan para declararse en concurso de acreedor hartas de esperar unos fondos europeos que nunca llegan.

En su operativa global, los aplazamientos concedidos por el Grupo Santander afectaron a 4,8 millones de clientes por el importe nada despreciable de 112.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2020. Para hacerse a la idea del montante que supone dicha cuantía en el balance de la sociedad, sirva recordar que se trata de un 12% del total de la cartera de prestamos, según admite la propia firma en el informe anual remitido al supervisor. De esta cuantía, casi 70.000 millones corresponden al pago de hipotecas; 20.000 a créditos al consumo, y casi 22.000 más a compromisos asumidos por pequeñas y medianas empresas.

Además de la Covid y entre los riesgos que el banco asume por su gestión en los últimos ejercicios destaca la repercusión en sus balances de las cláusulas suelo, puestas en solfa tanto por la justicia nacional como comunitaria. De hecho, el informe detalla que, a la vista de las resoluciones judiciales, el riesgo máximo de su aplicación para la entidad que preside Ana Botín podría ascender a 900 millones de euros, cuantía calculada sin tener en cuanta las devoluciones ya realizadas. El efecto, en todo caso, va menguando. “A 31 de diciembre de 2020, tras atender la mayor parte de las solicitudes de clientes, la potencial perdida residual asociada a procedimientos judiciales en curso se estima en 51 millones de euros, importe cubierto íntegramente por la provisiones·”, subraya el documento.

Del mismo modo, el informe se hace eco de las reclamaciones de los perjudicados por la resolución del Banco Popular, adquirido por el Santander precio de derribo. Y el perjuicio podría ser relevante. “El coste estimado de una eventual compensación a accionistas y obligacionistas de Banco Popular registrado en el año 2017 ascendía a 680 millones de euros, de los que 535 millones de euros se aplicaron a la acción comercial de fidelización -subraya el informe aportado al supervisor-. Las provisiones registradas se estiman suficientes (…) No obstante, en el supuesto de que hubiera que abonar cantidades adicionales por reclamaciones ya planteadas con interés económico no determinado o por nuevos reclamaciones, podría producirse un efecto adverso significativo en los resultados y en la situación financiera del Grupo Santander”.

Igualmente, el IRPH puede convertirse en un quebradero de cabeza no pequeño para la principal entidad financiera de España si tenemos en cuenta que el importe pendiente de pago en función de ese índice alcanza los 3.052 millones de euros. No en vano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que, aun siendo el índice un referente plenamente válido, deben ser los jueces y los tribunales nacionales quienes analicen cada caso concreto para dilucidar si se cumplen los requisitos básicos de transparencia para su aplicación. En este punto, reconoce el banco que el Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias el pasado mes de noviembre en las que se demuestra que “las entidades financieras no habían podido acreditar la entrega al cliente de la información sobre la evolución del índice en los dos años anteriores al contrato”. Dicho lo cual y constatada la falta de transparencia, aún es preciso probar la abusividad de la cláusula, escenario que por ahora avala al Santander.

Agujeros en Brasil y Reino Unido

Desde el punto de vista de los litigios que el banco mantiene abiertos, el informe admite la provisión de 821 millones de euros por diferentes conflictos en Brasil -la gran mayoría de naturaleza fiscal-, así como otros 2.972 millones calificados de pasivo contingente. Del mismo modo, a 31 de diciembre de 2020, el banco afronta un contencioso de largo aliento en Reino Unido relacionado con la venta de seguros de protección de pagos por parte de Santander UK. De acuerdo con el informe, a 31 de diciembre de 2020, la provisión por este concepto asciende a 76 millones de libras (85 millones de euros), si bien no ha habido ninguna reserva adicional durante el año 2020.

"El número de reclamaciones acumuladas desde el inicio del proceso fueron de 4,6 millones, independientemente de la probabilidad de que Santander UK incurra en responsabilidad -expone la entidad-. A 31 de diciembre de 2020, se estima que hay 3.500 reclamaciones que aún requieren evaluación. Adicionalmente se ha iniciado conversaciones con el liquidador (Official Receiver) designado judicialmente para la liquidación de carteras de deudores en situación de insolvencia". En todo caso, la sociedad apunta un alto grado de incertidumbre, que "hace que no sea posible predecir con fiabilidad la resolución de la cuestión, el calendario o la importancia del potencial impacto".

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